El Stop Online Piracy Act (Español: Ley de cese a la
piratería en línea) también conocido como Ley SOPA o Ley H.R. 3261;
es un proyecto de ley
introducido en la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por
el representante Lamar S. Smith, y un grupo de copatrocinadores bipartidario
formado inicialmente por 12 miembros. El proyecto de ley extiende las
competencias del Departamentode Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los
propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico online de
contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad
intelectual. Entre estos se pueden contar por ejemplo música, películas,
libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no tributan
las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos de autoría o
invención. Actualmente, y antes de ser presentada ante el Comité Judicial de la
Cámara (de Representantes), presenta una estructura similar al Acta PRO-IP del
año 2008 y su correspondiente proyecto de ley ante el Senado
el Acta PROTECT IP (Acta de protección de propiedad intelectual).
El proyecto de ley
originalmente propuesto permite que tanto el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos, como los propietarios de derechos intelectuales, puedan obtener
órdenes judiciales contra aquellos sitios de internet que permitan o faciliten
la violación de los derechos de autor. Dependiendo de quién sea el que solicite
la orden judicial, las acciones previstas contra el sitio web podrían incluir:
- Restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de facilitación de pago tales como PayPal o que ofrecen dinero a cambio de colocar publicidad online.
- Restricción en los buscadores que vinculan con tales sitios.
- Requerimiento a los proveedores de internet, para que bloqueen el acceso a tales sitios.
El proyecto de ley
convierte en un crimen al streaming no autorizado de
contenidos protegidos por copyright, y prevé una pena máxima de cinco años de
prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los
seis meses desde su estreno.
El proyecto además brinda inmunidad a todos
aquellos proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones
contra tales sitios haciendo además responsable al sitio web infractor de
cualquier daño producido al titular de los derechos, incluso sin tener que
demostrarlo.
Quienes proponen la
ley afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su
correspondiente industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para
reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra
los sitios web extranjeros. Citan ejemplos como el del acuerdo judicial de 500
millones de dólares al que llegó Google con el Departamento de Justicia por su
papel en una campaña publicitaria dirigida a los ciudadanos estadounidenses que
alentaba a los consumidores a comprar drogas de prescripción ilegal en
farmacias online de Canadá. Los opositores argumentan que la ley infringe los
derechos de la Primera Enmienda, que es censura en Internet, que lisiará a
Internet, y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras
muestras de libertad de expresión.
El Comité Judicial de
la Cámara mantuvo audiencias sobre la ley SOPA el 16 de noviembre y el 25 de
diciembre de 2011. El comité tiene programado continuar con el debate cuando el
Congreso retorne de su receso invernal.
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